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Hay en el mundo un tribunal en el cual las víctimas no pueden acusar, sino
presentarse para ser acusadas por sus verdugos: las cortes de Derechos
Humanos. En ellos rige la Ley de Herodes: las empresas y hasta los
particulares pueden cometer todos los crímenes imaginables, pero no pueden
ser juzgados ni castigados, porque sólo los Estados son considerados
violadores de Derechos Humanos.
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Pongamos por caso, una facción de los medios instiga al derrocamiento del
gobierno legítimo, calumnia que éste habría disparado contra una
manifestación, miente que el Presidente había renunciado, tumba al gobierno
cortándole las comunicaciones, pacta con la dictadura la entrega de los
órganos de control de las telecomunicaciones, incita a la delación contra
los partidarios del gobierno democrático, transmite en vivo y en directo los
secuestros de éstos, oculta con un apagón comunicacional los movimientos
populares que en definitiva restablecen el gobierno legítimo, durante 63
días encadena los medios para incitar a un sabotaje petrolero que arruina la
economía. Esos crímenes no se consideran violación de Derechos Humanos,
porque los cometen empresas o empresarios. El culpable es el gobierno, que
representa democráticamente a la mayoría de los ciudadanos, por defenderse.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nada hizo para defender
el gobierno legítimo ni la vida del Presidente Chávez, así como nada hizo
para defender a Rafael Correa contra otro rastrero golpe activado por los
medios.
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A estas alturas ya el lector va comprendiendo las reglas del juego en el que
es imposible ganar. Durante toda la Cuarta República, con sus hecatombes que
quizá rebasaron la decena de miles de desaparecidos, con sus torturas, sus
Caracazos, sus suspensiones de garantías que duraban años y sus prisiones
políticas que consumían la eternidad, la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos de la OEA sólo procesó cuatro (4) denuncias por violación
de ellos. Durante esta última década sin presos políticos ni masacres, la
Comisión ha procesado sesenta y un casos (61) contra Venezuela, treinta y
nueve admitidos (39) y tres archivados (3). Mientras más respeta un gobierno
a los ciudadanos que representa, más se lo condena.
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¿Cómo condenan a los gobiernos, que representan al pueblo, estas comisiones
y cortes que no tocan a empresas ni empresarios ni propietarios ni con el
pétalo de una rosa? En su informe Democracy and Human Rights in Venezuela,
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de Washington nos critica
en 1.165 copiosos párrafos. No le cuesta mucho trabajo hacerlo. Resuelve
sobre casos todavía por decidir en Venezuela; veta proyectos de leyes que
dependen de la soberana decisión de la Asamblea Nacional, casi nunca precisa
nombres, fechas, lugares ni hechos; condena por hechos futuros, hipotéticos
e inciertos; casi siempre se funda en rumores o recortes de prensa, que
ningún tribunal debe acoger como prueba, y menos después de que los medios
venezolanos pretenden no estar obligados a ser veraces.
5
¿Cómo conducen estas prácticas al golpe judicial? El doctor Allan Brewer
Carías fue sindicado de redactar la proclama del golpe de Carmona; una
amnistía operó para los implicados, pero Brewer se negó a acogerse a ella,
por lo cual no agotó los recursos internos. A pesar de ello, la Comisión
Interamericana admitió su petición el 25 de septiembre de 2009, recomendando
“Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial,
reformando a fin de fortalecer los procedimientos de nombramiento y remoción
de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la
situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y
fiscales, con el objeto de garantizar la protección judicial establecida en
la Convención”. Al aceptar una demanda sobre cuestiones todavía no decididas
por los tribunales internos con el argumento de que en Venezuela no
existiría “la independencia del Poder Judicial”, la Comisión abre camino
para que la Corte Interamericana acepte y decida con igual pretexto
cualquier demanda que se plantee sobre las venideras elecciones de octubre.
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de
Justicia sostiene en sentencia 1939/2008, que en caso de aparente
contradicción entre la Constitución y un tratado internacional “la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no puede pretender excluir o desconocer
el ordenamiento constitucional interno, pues la Convención coadyuva o
complementa el texto fundamental que, en el caso de nuestro país, es “la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (artículo 7
constitucional)”.
6
Pero en la audiencia del 27 de marzo de 2008, el Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos proclamó a voz en cuello que un tratado
es aplicable aunque contradiga la Constitución. Ya sabemos quien resolverá
las controversias sobre las elecciones de octubre, y cómo. Para que una
oficina en Washington no decida quién ejercerá la Presidencia de Venezuela,
debemos retirarnos de la Comisión y de la Corte Interamericana,
preferiblemente en compañía de varios países que han criticado sus
actuaciones. El golpe avisa, y el que preparan la Corte y la Comisión de
Derechos Humanos de la OEA lo hace a gritos.
CONSULTE TAMBIÉN:
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Versión en francés, gracias a la inteligente ayuda del amigo Romain Vallée:
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Libros de Luis Britto en Internet:
Rajatabla: <http://www.monteavila.gob.ve/
Dictadura mediática en Venezuela: <http://www.minci.gob.ve/>
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Luis Britto García
ENEMIGOS NÚMERO UNO DEL PÚBLICO
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Alguna vez sostuve que ciertos medios de comunicación ejercen una dictadura
mediática, porque aspiran a desempeñar por sí solos los tres poderes
clásicos del Estado. En efecto, quieren decidir qué leyes valen y cuáles no;
inventan decisiones del gobierno o niegan las que éste toma; condenan sin
defensa ni apelación. Y encima pretenden ejercer estos poderes absolutos
sin consulta democrática ni responsabilidad.
2
Ejemplo: contra el presidente Rafael Correa las fuerzas antidemocráticas y
reaccionarias intentan un golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010, con
saldo de cinco muertos y trescientos heridos, entre ellos el propio
presidente. El diario de Guayaquil El Universal alucina que no ha habido
golpe de Estado, llama al presidente electo “dictador”, inventa que ha
ordenado disparar contra el pueblo; lo condena sin derecho a defensa y en
forma inapelable como responsable de crímenes de lesa humanidad; declara que
las leyes que sancionan los delitos de difamación, injuria, calumnia y
vilipendio no existen, que en todo caso no le son aplicables a los
comunicadores sociales, y se niega a rectificar. Pero, ¿Qué son en realidad
estos medios? Oigamos al presidente Rafael Correa en su conferencia
“Sociedades vulnerables”, pronunciada en la Universidad de Columbia el 23
de septiembre de 2011: “En Ecuador, los medios de comunicación escritos,
televisivos y radiales a nivel nacional son propiedad de media docena de
familias. El mayor diario nacional, El Universo, pertenece a empresas
fantasmas en Islas Caimán, un paraíso fiscal, donde no se va precisamente
para pagar impuestos o transparentar finanzas. Cuando llegamos al gobierno
en el 2007, cinco de los siete canales de televisión nacionales eran
propiedad de banqueros. Ustedes pueden imaginar lo que sucedía cuando se
quería tomar alguna medida de regulación bancaria. En general, la práctica
común fue siempre crear un grupo económico y usar los medios, no para
informar, sino para defender los intereses de ese grupo económico”. Los
dictadores, como los medios, pretenden monopolizar la totalidad de los
poderes; los medios, como los dictadores, aspiran a ejercerlos sin asumir
las consecuencias.
3
Para mejor comprender la situación, bajémonos de la nube que nos sitúa entre
poderes del Estado y mandatarios. No se debe injuriar, vilipendiar, difamar
ni calumniar a un Presidente por lo mismo que no se debe hacerlo con el más
ínfimo ciudadano. Si yo afirmo falsamente y sin pruebas que el más pobre
recogelatas es paidófilo, narcotraficante, ladrón y asesino, lo daño
atrozmente porque le arrebato su honra y reputación, que es lo único que
tiene en este mundo. Si además lo hago utilizando un medio de comunicación,
multiplico la ofensa tantas veces como lectores o auditores tiene éste.
4
¿Fantaseo? ¿Invento cosas por molestar a los comunicadores, de los cuales
pretendo ser uno? Pues no. El artículo 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sancionada por la ONU, declara que “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
¿Demasiado universal para el gusto de los monopolios regionales? Pues el
artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos dispone:
“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques”. Todas las legislaciones de América Latina y el Caribe
comprenden normas que protegen la honra, la dignidad, la reputación y la
vida privada de los ciudadanos. No aburriré a la audiencia citándole las que
puede encontrar en el Código Penal de Ecuador o de Venezuela. Cualquier
ciudadano que las viole es sancionado. Sólo algunos comunicadores pretenden
ser inmunes a ellas.
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Nadie concibe un ingeniero que pretenda no ser responsable si se le caen las
casas, un chofer que anhele atropellar peatones impunemente, un médico que
aspire a no ser sancionado si envenena al paciente. Pero muchos
comunicadores sostienen que nadie puede reclamarles los daños que causen con
el ejercicio de su profesión, e incluso, que ninguna norma debe regular su
profesión. En febrero de 2003 la oposición venezolana recoge firmas para una
reforma constitucional, y los dirigentes de los medios hacen incluir en el
petitorio la derogación del artículo 58 de la Constitución Bolivariana, el
cual consagra el derecho “a la información oportuna, veraz e imparcial sin
censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la
réplica o rectificación cuando se vea afectada directamente por
informaciones inexactas o agraviantes”. El documento requería firmas para
derogar asimismo el artículo 60, según el cual “toda persona tiene derecho
a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen,
confidencialidad y reputación”. Los medios quedarían así despojados de todo
deber frente a la sociedad; los ciudadanos, de todo derecho ante ellos.
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Con su delirante ataque, El Universal quizá quería provocar alguna medida
gubernamental del Presidente para luego acusarlo de abuso de poder. Como
simple ciudadano, acudió Correa ante un tribunal para pedir la rectificación
de esa “mentira disfrazada de opinión”; logró la condena del periódico por
40 millones de dólares, y la de varios de sus directivos a tres años de
prisión, y una confirmatoria en la cual el juzgado quinto de lo civil el 6
de febrero de 2012 sentencia que el fallo busca reparar "la afrenta
irrogada, por el hecho de habérsele perjudicado, en su honra, dignidad, buen
nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él". Según
testimonia Correa en su conferencia “Sociedades vulnerables”: “Pues bien, al
día siguiente de dicha ratificación, muchos medios ‘condenaban’ –con estas
palabras- la sentencia. ¿Medios de comunicación condenando las sentencias de
las cortes? ¿Acaso son, como la Corte Suprema de Estados Unidos, the highest
court in the land?” Mucho peor: ejercían la dictadura mediática, actuando a
la vez como legisladores, ejecutores y jueces. La inefable Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de Washington, que nada hizo ante el
golpe de Estado contra Correa, así como nada hizo cuando fue secuestrado el
presidente legítimo Chávez, instó al mandatario a suspender temporalmente la
aplicación de la condena. Un gremio de propietarios de medios sentenció a
Correa en forma inapelable y sin derecho a defensa como “el Enemigo Número
Uno de los Medios”. En ningún momento los comunicadores de El Universal
rectificaron ni se excusaron. El Presidente Correa, en cambio, los perdonó.
En Venezuela esta lenidad ha logrado pocos efectos, desde los tiempos de la
primera República, cuando se lamentaba Simón Bolívar de que “a cada
conspiración seguía un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración”.
Perdonó Chávez a los culpables mediáticos y políticos del golpe de abril de
2002: ya en diciembre intentaron precipitar otro golpe mediante una mezcla
de sabotaje petrolero, lock-out patronal y campaña mediática de más de dos
meses instando a la deposición del mandatario democrático. Los presidentes
perdonan, pero los medios no.
7
Una inextinguible quejumbre elevan en Venezuela los funcionarios del
gobierno bolivariano contra las agresiones que en su contra perpetran los
medios. Otra sería la conducta de éstos si los agraviados acudieran a los
tribunales y exigieran la aplicación de la Ley. Fue lo que hizo en 2003 Alí
Rodríguez Araque, para entonces presidente de PDVSA, cuando la periodista
Ibeyise Pacheco acusó de trabajar en dicho ente y de practicar la corrupción
a un hijo del funcionario que en realidad había fallecido quince años antes,
a la temprana edad de trece. La demanda exigía una reparación simbólica y
concluyó con un triunfo moral. Es honroso ser declarado Enemigo Número Uno
de unos Medios que a su vez son el Enemigo Número Uno del Público.
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Ahora la extrema derecha de las transnacionales y los medios se junta con
algunos movimientos étnicos y marcha hacia Quito. Ya la Confederación de
Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE) había exigido a Correa que le
entregara la decisión sobre las concesiones de recursos naturales de
Ecuador. Correa lo rechazó, fueron a elecciones, sacaron un solo diputado al
Poder Legislativo y luego apoyaron el golpe, acusando al gobierno de Correa
de “dictadura democrática”. Lo que está en juego son los recursos naturales
de América Latina. Por ejemplo, indígenas de la etnia Munducurú cedieron sus
derechos sobre 23.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña en el
estado de Pará a la transnacional irlandesa Celestial Green Ventures por 120
millones de dólares. Según el diario O Estado de Sao Paulo, el contrato
impide por 30 años a los indígenas los cultivos agrícolas y la extracción
legal de madera, asegura a la transnacional el libre acceso a la zona, que
está prohibido a las autoridades legítimas brasileñas, y no habría contado
con el aval de toda la comunidad. Celestial Green Ventures gerencia 16
proyectos iguales en la Amazonia Brasileña, que afectan 200.000 kilómetros
cuadrados, el doble de toda la superficie de Portugal. La Fundación Nacional
del Indígena (FUNAI) ha registrado una treintena de contratos de índole
similar entre dirigentes indígenas y multinacionales de Europa (Tablet terra
com.co, 11-3-2011. Pero los recursos naturales de América Latina no serán de
las transnacionales.La mayoría se decidirá una vez más por el Buen Vivir.
http://luisbrittogarcia.
(FOTO: LUIS BRITTO)
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De: Mario M. [mailto:marmoll142@hotmail.com
Enviado el: Domingo, 01 de Abril de 2012 07:24 a.m.
Para: a..; ALBERTo L.; aquiles.a@gmail.com; auromilia@gmail.com; BRAVO;
caga58@yahoo.es; Carlos B; C; Colombia; Domingo Tiamo;
edrangel@cadena-capriles.com; Enrique Fortoúl Contreras periodista-rupt;
eudesdaniel@gmail.com; Hector A.; hernandezmontenegro@cantv.net; Jose
Jimenez; La Mesa Redonda; La nave fue y volvio; luisbritto@cantv.net; Maria
Alcira Matute; Marianike Baro; Migdalia Valdez; Miguel F; nayiris contreras;
Norberto Vabuena; noticias; nuestra palestra; ojrv.ne.ve@gmail.com; OMAR C.;
orlando jose jimenez; Oscar Garcia; Pablo Lorenzo; paradigma88@hotmail.com;
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GUERRERO SALAS; tonyboza@gmail.com; venezuela01@gmail.com; WordPress.com;
yocatari@hotmail.com; Ydelfonso
Asunto: 21 de diciembre 2012
saguete@gmail.com |
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